El Congreso Nacional aprobó un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, impulsadas por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, a través de la Secretaría de Seguridad , orientadas a fortalecer las capacidades del Estado para combatir la extorsión, las maras, el terrorismo criminal y las estructuras delictivas que afectan a miles de familias, comerciantes, transportistas y emprendedores hondureños.
Las nuevas medidas fortalecen las herramientas legales, tecnológicas, operativas y de inteligencia del Estado hondureño para enfrentar delitos vinculados a extorsión, crimen organizado, terrorismo, tráfico de armas y control territorial ejercido por estructuras criminales.
Uno de los cambios más importantes aprobados por el Congreso Nacional incrementa las penas por extorsión de 10 a15 años a 15 a 20 años de prisión, manteniendo además la prisión perpetua cuando producto del delito se cause la muerte de una persona.
La reforma amplía también las modalidades del delito, incluyendo amenazas directas o indirectas, uso de medios electrónicos, coordinación desde el extranjero, transacciones financieras ilícitas y participación de estructuras criminales organizadas.
Dentro de las reformas, se incorporan nuevas agravantes, entre ellas:
* Provocar el cierre temporal o definitivo de negocios;
* Utilizar menores de edad;
* Hacerse pasar por autoridades policiales o militares;
* Cometer extorsión desde el extranjero y
* Aprovechar relaciones familiares, laborales o de confianza para cometer el delito.
Autoridades podrán actuar sin necesidad de denuncia
Las reformas establecen además que la extorsión pasa a ser un delito de acción pública, permitiendo que el Ministerio Público y las autoridades competentes puedan iniciar investigaciones y procesos penales aun cuando la víctima no presente denuncia formal.
La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente al miedo, amenazas o represalias que muchas víctimas enfrentan al denunciar estructuras criminales.
Maras y pandillas serán consideradas organizaciones terroristas
El nuevo marco legal amplía la definición de asociación terrorista e incorpora elementos relacionados con violencia sistemática, intimidación colectiva, control territorial y coerción sobre comunidades y sectores económicos.
Las reformas incluyen expresamente a maras, pandillas y estructuras transnacionales dedicadas al narcotráfico dentro de las figuras susceptibles de ser consideradas organizaciones terroristas, conforme a las determinaciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Asimismo, se incorpora como finalidad terrorista:
* Generar terror en la población;
* Controlar territorios;
* Obtener recursos ilícitos y
* Obligar a autoridades nacionales o internacionales a actuar bajo intimidación o violencia.
Creación la Agencia Nacional Contra el Crimen
Como parte de las nuevas disposiciones incorporadas al decreto, se crea la Agencia Nacional Contra el Crimen, una instancia coordinada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad encargada de coordinar acciones estratégicas entre todas las instituciones de seguridad, inteligencia e investigación criminal del Estado.
La nueva estructura permitirá fortalecer la integración de información criminal vinculada a registros telefónicos, bancarios, financieros y billeteras electrónicas relacionadas con investigaciones del crimen organizado.
Información en tiempo real para investigaciones criminales
Las reformas obligan a empresas de telecomunicaciones, redes tecnológicas, servicios financieros y bancarios a suministrar información requerida por autoridades judiciales dentro de plazos establecidos por ley.
La normativa establece:
* Hasta 24 horas para información relacionada con intervención de comunicaciones;
* 10 días hábiles para sistemas financieros;
* Suministro inmediato o en tiempo real para investigaciones en desarrollo vinculadas a redes tecnológicas.
Asimismo, estas empresas deberán crear unidades permanentes de atención que operen incluso en días y horas inhábiles.
Modernización penitenciaria será prioridad nacional
Las nuevas disposiciones declaran de interés público y seguridad nacional la ampliación y modernización del sistema penitenciario hondureño.
El Instituto Nacional Penitenciario podrá realizar contrataciones directas para diseño, construcción y equipamiento de nuevos centros penales, mientras que la Secretaría de Finanzas queda autorizada para gestionar préstamos, fondos especiales o emisión de bonos destinados al fortalecimiento del sistema carcelario nacional.
Con estas reformas, el Gobierno del Presidente Nasry Asfura fortalece la capacidad del Estado hondureño para combatir estructuras criminales, proteger a las familias hondureñas y recuperar la seguridad y tranquilidad en todo el país.
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