La Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional, presidida por la diputada Tania Pinto, sostuvo este viernes su primera reunión de trabajo en la que definió los lineamientos del proceso y el horario de comparecencias, el próximo lunes, de los cuatro funcionarios electorales denunciados, marcando el inicio formal de las actuaciones.
Durante su intervención, Pinto, vicepresidenta del Legislativo y diputada nacionalista por Ocotepeque, aseguró que la comisión actuará bajo apego a la Constitución y la ley, garantizando los derechos de los denunciados, que están suspendidos de sus cargos desde el jueves, cuando el pleno aprobó el proceso en su contra.
Debido proceso y derecho a defensa
“Esta comisión va a actuar con imparcialidad, con un respeto irrestricto a la Constitución y a la Ley Especial de Juicio Político. Esta comisión no va a vulnerar ningún derecho de los denunciados”, afirmó.
Asimismo, enfatizó que se respetará el debido proceso y el derecho a la defensa.
“Se les va a respetar el derecho a la defensa establecido en la Constitución de la República”, indicó, al detallar que los citados podrán presentar sus argumentos y medios de prueba ante la comisión.
Horas de comparecencia
La presidenta de la comisión informó que los funcionarios serán citados dentro del plazo legal de 48 horas, considerando los días inhábiles.
“El día lunes a las 9:00 de la mañana estará citado el ciudadano Marlon Ochoa (consejero del Consejo Nacional Electoral, CNE; a las 11:00 de la mañana estará citado Mario Morazán (magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, TJE); a la 1:00 de la tarde Lourdes Mejía y a las 3:00 de la tarde el ciudadano Gabriel Gutiérrez (magistrados suplentes del TJE)”, detalló.
Explicó que las citaciones se realizarán a través de la secretaría de la comisión, permitiendo a los denunciados conocer formalmente la denuncia y preparar su defensa.
Con esta primera reunión, la comisión establece la ruta del proceso de juicio político, reafirmando el compromiso de desarrollar las audiencias conforme a la ley y garantizando el respeto a los derechos de las partes involucradas.
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